La Procuraduría General de la Nación pidió de manera urgente este domingo al Ministerio del Interior ofrecer plenas garantías a los 12 alcaldes de 7 Departamentos del país que están ejerciendo sus funciones por fuera de sus jurisdicciones debido a las amenazas de que fueron objeto por parte de grupos armados, dijo Tatiana Oñate, Procuradora Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.

Ya en días pasados la Defensoría del Pueblo se había referido a esta grave situación por lo que solicitó al Gobierno Nacional implementar un plan de acción integral con estrategias de seguridad, fortalecimiento y coordinación interinstitucional, para enfrentar la situación que enfrentan los funcionarios en riesgo.

El Ministerio Público se dirigió al Ministerio del Interior para que entregue un reporte detallado sobre las acciones adelantadas y las que se tienen dispuestas para abordar esta problemática; el plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el objetivo de lograr una respuesta integral y efectiva frente a esta situación.

También recordó que el pasado 10 de junio puso en conocimiento de MinInterior, el informe en materia de seguridad y convivencia ciudadana que puso en evidencia la necesidad de coordinar con las autoridades territoriales y las entidades del nivel nacional, para implementar un plan de acción integral de atención que contemple estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios públicos y las comunidades en riesgo.

Los alcaldes que están por fuera de sus poblaciones por amenazas son de las siguientes poblaciones: Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander).

“Han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Caso similar ocurre con diputados en algunos de esos departamentos”, dijo la funcionaria.